Antes que nada, el conflicto que se está desarrollando en estos días es, sobre todo, un conflicto salarial. Aquí no se juega del todo el 6% del PBI para la educación y tampoco se discute sobre la calidad del sistema educativo.
El ministro de Economía, Danilo Astori, afirmó que el
presupuesto destinado a la educación alcanzará el 4,7% y el 4,8% del PBI este año y el próximo, el 5% en 2017 y al finalizar el mandato en 2020 estaría en 6%. Creer o reventar. También aseguró que casi 40% del aumento presupuestal
irá a parar a la educación.
¿Tiene margen para mejorar esas cifras el gobierno? ¿Podemos
aspirar a 6% para la educación ya? Ni el gobierno ni los sindicatos de
profesores y maestros están discutiendo esto ahora. Lo que están discutiendo
ahora es cuánto podremos subir los salarios de la educación en los próximos dos
años.
Los salarios actuales son información pública a la que cualquiera puede acceder. Como mínimo, un maestro está ganando por 20 horas de
clase 21.000 pesos (nominales), mientras que un profesor de primer grado gana 20.800 pesos (nominales) por 20 horas de clase.
Los maestros de Montevideo piden un aumento que lleve el
salario mínimo por 20 horas de trabajo a 30.000 pesos cuando termine el quinquenio.
El gobierno firmó un acuerdo en el que asegura tener la
intención de llevar el salario mínimo por 20 horas a 25.000 pesos cuando termine el
quinquenio, “sin perjuicio de que la posibilidad de seguir avanzando (después de
los dos años que abarca este convenio) dependerá de la evolución de la
situación macroeconómica”.
He ahí la mayor diferencia entre el gobierno y los
sindicatos, que ha llevado a unos a anunciar días de paro y
movilizaciones y a otros a decretar la esencialidad de la educación por 30 días.
Cronología para entender
La dirigencia de los sindicatos de la educación firmó el
viernes un preacuerdo con el gobierno que fue rechazado el fin de semana por
las asambleas de los distintos gremios de profesores y maestros.
Una cosa a tener en claro: los propios dirigentes de la
educación que negociaron con el gobierno y firmaron el preacuerdo no supieron
representar a las asambleas que un día después rechazaron lo firmado. Es
difícil negociar con un gremio de esa forma y la representación de esa cúpula
gremial queda duramente cuestionada*.
“El acuerdo alcanzado el viernes es bueno, no logramos lo
que queríamos pero nos arrimamos bastante”, dijo el viernes la secretaria
general de la Federación de Magisterio, Elbia Pereira. Nada que ver.
Al rechazar este acuerdo, los gremios convocaron al paro y
pidieron adelantar la mesa de negociación prevista para el lunes bajo
la dudosa consigna “negociar movilizados y movilizar negociando”.
Ante esta situación, el gobierno anunció el decreto de
esencialidad para la educación, algo que no se había hecho en 30 años de
democracia (y con huelgas docentes mucho más fuertes y prolongadas).
“Con dolor tuve que firmar la declaración de esencialidad de
los servicios de educación pública. Queremos garantizar el acceso a la
educación de los jóvenes y niños de este país, entendiendo que es un derecho
humano fundamental”, dijo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro.
Es triste. Las huelgas de los 90 apoyadas por el
Frente Amplio al parecer no lesionaban el “derecho humano fundamental” de
acceso a la educación, que sí hacen las huelgas de hoy. No hay manera de no leer esto como un doble estándar.
Y no, un paro de una semana o más no lesiona el acceso a la
educación. No nos vamos a engañar a nosotros mismos repitiendo eso.
“Estamos hablando de que también se alimentan 250.000 niños en
la educación, que cuando hay paro no acceden a estos servicios”, explicó Murro.
Más desconcierto aun causa este tipo de declaraciones. ¿Qué se intenta hacer? ¿Culpar
a los maestros porque cuando hacen paro los niños pasan hambre? ¿Qué pasa todo
el verano, Murro? ¿Los niños no comen en todo el verano? ¿La culpa es de los
maestros? Parecen declaraciones de cierto editorial de algún diario conservador,
no de un ministro de Trabajo, que, su historia lo asegura, siempre ha defendido
los derechos de los trabajadores.
El decreto de esencialidad es la decisión más absolutista
que vio este país desde que cierto presidente decidió vetar una ley aprobada
por el Parlamento Nacional porque no le gustó.
Entre reclamos salariales que ya no son lo que eran antes,
medidas gremiales, reacciones desmesuradas por parte del gobierno y
declaraciones muy poco felices, nos vamos olvidando de las cosas importantes.
Los compromisos de gestión no tienen un papel importante en las negociaciones,
los debates de ideas sobre cómo hacer de nuestra educación pública una mejor
educación pública tampoco.
Decir que “los que pierden son los niños y adolescentes que
no tienen clase” es simplificar las cosas tanto que quién lo diga se merecería
un cono de helado en la frente. Acá perdemos todos. Y no por los paros.
Perdemos porque no estamos sabiendo discutir.
*Algunos de los dirigentes que firmaron el preacuerdo presentaron sus renuncias en las últimas horas.
*Algunos de los dirigentes que firmaron el preacuerdo presentaron sus renuncias en las últimas horas.
